Por: Manuel Padilla Muñoz
El caso Ayotzinapa fue el detonante de la crisis que vive
México en la cual todos somos culpables. La diferencia es el grado de
responsabilidad que adquirimos. Hay delitos de comisión y de omisión.
Analicemos.
Es culpable por omisión el gobierno federal de Enrique Peña
Nieto por no haber actuado a tiempo cuando sabía que los dos órdenes de
gobierno, estatal y municipal, del estado de Guerrero estaban penetrados por el
crimen organizado y, de hecho, era este el que gobernaba. El procurador de
Justicia, como responsable de perseguir los delitos porque fue informado,
incluso por el perredista René Bejarano, de la corrupción de algunos alcaldes y
debió hacerlo el Cisen para que a su vez lo hiciera saber a su jefe, el presidente
Peña Nieto. Los cuerpos de seguridad ----policías municipales y estatales---
eran, al mismo tiempo, parte del crimen organizado que trabajaban para los
carteles de “Guerreros Unidos” y “Los Rojos”, así como sus jefes. ¿Qué no le
informó el Procurador Murillo Karam al presidente de lo que le dio a conocer el
perredista René Bejarano?
Peña Nieto cometió el delito de omisión por haber realizado
un pronunciamiento del caso once días después de ocurrido, pretendiendo, sin
duda alguna, que el asunto se traspapelara en los archivos vergonzosos de la
indignidad. Afortunadamente no fue así. El caso es que el ejecutivo puede
alcanzar hasta el grado de complicidad por la desaparición de los 43
normalistas desaparecidos y 6 muertos en Iguala la noche del 26 de septiembre
pasado.
Es responsable el ex gobernador Ángel Aguirre, quien dimitió
el 23 de octubre porque no hizo nada cuando había asesinatos conocidos por
todos, cometidos por los sicarios de delincuentes y gobernantes; su
secretario de salud que fue el principal
promotor para que un político-delincuente, José Luis Abarca, llegara a ser
alcalde de Iguala. El procurador de justicia de Guerrero porque, a pesar de que
debió investigar de oficio esos crímenes, no llevó a cabo las investigaciones
de los crímenes de luchadores sociales (Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael
Bandera y Ángel Román Ramírez y cinco personas más asesinados entre el 30 de
mayo y el 1 de junio del 2013 en Iguala) que se oponían al desgobierno
municipal perredista que utilizó dinero del narco para su campaña política.
Desde entonces, la PGR ya tenía indicios de la responsabilidad de Abarca en
esos tres homicidios.
Mayor grado de responsabilidad
tienen los dirigentes del Partido de la
Revolución Democrática, PRD, que antepusieron sus intereses personales y de
grupo para proponer como candidato a quien ya sabían ---no pueden negarlo
ahora--- que José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, conocidos
como la “Pareja Imperial” formaban parte
del crimen organizado de la Banda “Guerreros Unidos” en la que había
participado padres y hermanos de ella. El PRI y el PAN por no haber luchado
contra esta situación y si lo hicieron fue en forma por demás endeble que muy
pronto fue ignorada por la impunidad.
Los tres partidos políticos por no haber seleccionado a personas honestas que
trabajaran a favor de la ciudadanía y no
de los delincuentes.
Actores del caso están ya
identificados. Autores intelectuales: José Luis Abarca, entonces alcalde de
Iguala y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, lideresa del cartel
“Guerrero Unidos”. Autores materiales: el jefe de la policía municipal de
Iguala, Felipe Flores Velázquez, agentes de la corporación y miembros del
cartel “Guerreros Unidos”.
Sin embargo, resulta de
importancia capital la detención del “eslabón perdido”, el jefe policiaco
Felipe Flores Velázquez. Agentes policiacos detenidos aseguran que recibieron
órdenes por radio de parte de “A5”, como se identificaba al alcalde José Luis
Abarca. Lo dijeron pero el argumento fue de oídas pues en realidad la
instrucción fue al jefe de la policía directamente. De ahí la importancia de
que el llamado “eslabón perdido”, Felipe Flores, confirme esta declaración
porque hasta ahora “la pareja imperial”
no ha sido acusada formalmente por la desaparición de los 43 normalistas.
También autores materiales los sicarios del cartel de “Guerreros Unidos” que
recibieron a los estudiantes.
Existe, por otra parte, algo que
puede alterar las investigaciones. En el centro de la vorágine de las
investigaciones, el padre Alejandro Solalinde, defensor de derechos humanos y
ahora con mayor protagonismo que el obispo de Saltillo, Raúl Vera, asegura que José Luis Abarca y su esposa fueron
detenidos en Veracruz, estado priista, y llevados a uno gobernado por el PRD,
la oposición, la delegación Aztapalapa, en el DF, para no perjudicar al partido
de Peña Nieto.
De ser cierta esta aseveración
----no se conocen las fuentes de información del sacerdote--- el caso tendría
similitud con el de la francesa Florence Cassez, la secuestradora que, de una
pena de 60 años de prisión, logró su libertad gracias a que la PGR montó un
teatro televisivo para su publicación.
Si así fuera, la defensa de “la
pareja imperial” podría utilizar el mismo argumento en su defensa para lograr
no los culpen de la muerte de los normalistas. ¿Podría ser? ¿Habrán considerado
estos los investigadores de la PGR?
En suma, si queremos que el
martirio de los 43 normalistas no sea en vano, lo primero que debe suceder es
aplicar todo el peso de la ley a los
responsables, de acuerdo a su índice de gravedad, sin impunidad alguna. De
inició, el presidente Peña Nieto debe aceptar la responsabilidad del gobierno
que encabeza y pedir perdón al pueblo de México y, de inmediato, reinstaurar el
estado de derecho. Solamente esto terminaría con la corrupción y la impunidad.
Cuando esto suceda se fortalecerán nuestras instituciones y nuestro país podrá
iniciar el largo camino de la justicia y la democracia. Pero primero, hagamos
justicia a los mártires de Ayotzinapa, luego a los de Tlataya, a los de
Allende, Coahuila, y demás miles de desaparecidos forzosamente. ¿Viviremos para
verlo?
PREGUNTAS SIN RESPUESTAS… HASTA
AHORA
1.- ¿Si, como declararon los dos
sicarios de “Guerreros Unidos”, asesinaron e incineraron los cuerpos de los
estudiantes formando una o varias piras humanas ---como en la Edad Media a los
herejes--- cuántos litros de gasolina y diesel utilizaron, de donde la
trajeron, dónde la compraron, cómo la transportaron, para una fogata que duró
más de 12 horas y con más de 1600 grados centígrados y Nadie se diera cuenta de
ello? Se utilizaron muchas llantas, madera, plásticos. Especialistas en
termodinámica aseguran que es imposible calcinar en ese lapso a 43 cadáveres.
2.- ¿Por qué, donde mostraron que
fue la incineración, no quedaron cenizas en el suelo?
3.- ¿Cuántas personas
participaron en la incineración, recolección de cenizas y limpieza del terreno?
4.- ¿Y, la más importante, de
verdad nadie, absolutamente nadie de los habitantes en ese sector se dio cuenta
de la movilización y tráfico de vehículos ni siquiera de la imponente fogata
que debió haber sido? ¿O tienen miedo de hablar?
5.- ¿Si estuvieran vivos los
estudiantes, dónde los podrían tener presos, sin que nadie se dé cuenta, ni
siquiera de algún llamado de auxilio de los jóvenes?
6.- ¿Cómo los alimentan, qué
cantidad de víveres diarios se requieren?
7.- ¿Puede ser entendible que,
teniendo detenidos a la mayoría de los autores materiales e intelectuales, 10
mil agentes de los cuerpos de seguridad, que utilizan camionetas, cuatrimotos,
caballos, helicópteros y hasta “drones”
(aviones no tripulados) no encuentren a los desaparecidos?
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